AL QUE LE QUEDE EL SACO, QUE SE LO PONGA

El principio más importante de cualquier democracia, radica en que la soberanía de la nación reside en el pueblo y  que dicha soberanía se ejerce por medio de los poderes de la Unión y de los Estados, dando como resultado el  que la renovación de los poderes Legislativo  y Ejecutivo se realizan por medio de elección popular, lo cual, en teoría es una excelente fórmula para dar un fundamento practico al ejercicio democrático.

Pero para poder llevar a cabo este modelo de gobierno, aquellos candidatos a ocupar los puestos de elección popular, deben de tener al momento de postularse un plan de gobierno que satisfaga las necesidades del colectivo y se ajuste a la realidad de cada ente territorial, así como también, el control posterior por parte de aquel que ha emitido su voto. Y es en estos  dos puntos en donde falla la democracia.  

Para el ciudadano común, que rige su mundo de preocupaciones en la cotidianidad que marca su entorno familiar y social, el estar al pendiente de aquellas decisiones que tome el Ejecutivo o el Legislativo, es una tarea que solo la realiza esporádicamente al momento de leer en las redes sociales o por el comentario realizado por un vecino o amigo (en ocasiones sin fundamento) y que solo lo utiliza para tener un objeto de conversación en alguna reunión al son de unos tragos expiando ese mea culpa cuando Baco se hace presente.

La otra cara de la moneda es el funcionario electo, que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo y que sigue un patrón ya delineado, en el que, se deben de hacer grandes reformas y grandes cambios porque según su criterio “todo está mal”. Y es debido a este ímpetu quijotesco, que se lanzan en una cruzada de reformas legales y ejecución de proyectos de alto impacto social (según ellos) sin tener el más mínimo estudio realizado con antelación y que debían de tener en su plan de gobierno.

Un claro ejemplo lo hemos observado en la llamada ampliación del Bulevar Costero en la ciudad de Ensenada. La falta del  Estudio de Impacto Ambiental, el desconocimiento de la normatividad nacional e internacional (porque ahora se debe ver también la internacional) y basados en un argumento que radica en que “El recurso tiene que ser gastado o sino se pierde” invita a la reflexión de si el colectivo ha elegido de acuerdo a las propuestas presentadas o se ha dejado llevar por el populismo, creando la incertidumbre de saber quién está peor: si el que se pone a ver al cielo a la nada o el que se detiene al lado y levanta la mirada a buscar lo que el otro está viendo.

Es de aclarar, que a los humildes ojos de este escritor, no todos los servidores públicos son ineptos, existen muchos que realizan su labor y luchan contra un sistema sacando adelante buenos proyectos y buenas reformas, así como, velando por impartir justicia. Tampoco es de decir que todos los ciudadanos son una manada de ignorantes. Hay olas y olas de personas ilustres que cada día con su ejemplo, accionar y su interés en el bien común, buscan crear una sociedad digna y crear en el debate un espacio que genere nuevos ideales en pro de la comunidad.

Así que si al momento de leer esta columna se siente aludido por su falta de diligencia e incapacidad como funcionario público o  su pequeña visión de lo que es un ciudadano, pues ya saben que dice el dicho: “al que le quede el saco, que se lo ponga”  

¿En que quedó lo del matrimonio entre personas del mismo sexo?

Ha pasado más de un mes, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidió resolver que la Constitución Política de Baja California en su artículo 7 y a su vez los artículos 143 y 144 del  Código Civil para el Estado de Baja California, violentan el principio de igualdad al considerar que el matrimonio debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer.

En un comunicado la Corte explico que el no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo: “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales”.

Pero lo interesante de todo este asunto, es que, frente a esta sentencia, la cual es de naturaleza erga omnes (se aplica y obliga a todos), aunado a que se comprueba que violenta el bloque de constitucionalidad y por ende el principio de convencionalidad, en el que se integran todos los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; el legislador no ha hecho algo, por el contrario, los grupos que manejan una ideología conservadora pretenden desconocer todo el marco normativo en derechos humanos y apelar a las costumbre global del siglo pasado (¿o antepasado? Aún tengo la duda)

Quiero hacerme entender en lo siguiente: “la única causa que apoyo es la del Derecho” pero el Derecho observado como un fenómeno social y por lo tanto cambiante. No se puede pensar vivir en un mundo globalizado e intentar tener una legislación anacrónica. Es casi tan absurdo como el vivir en un lugar en el que la libertad de credo religioso se respete, pero al tiempo la ley se base en un solo credo religioso.

El problema de todo esto radica, en que al existir un mandato Constitucional por parte de la Suprema Corte y no tener una regulación de la materia, se crea un vacío legal y una incompatibilidad con la norma superior, lo que conlleva a que, aunque la orden de aceptar el matrimonio está dada y las diversas autoridades del ejecutivo la deben de acatar (registro público, alcaldía) la seguridad jurídica que establece la ley queda en la interpretación del juzgador, y si esto es así ¿Por qué que se demora tanto tiempo el legislativo en casos como estos?

Aunque este vacío legal, no es una problemática local, sino que se observa a nivel global. Estudiando el derecho comparado, en diversos países, la figura del matrimonio conserva el texto  que dice que es entre un hombre y una mujer, por lo que al juzgador constitucional frente a la demanda de la sociedad actual y del Estado Social y Democrático de Derecho, en su sapiencia ha hecho la tarea de arreglar y pronunciarse frente a aquello que los representantes del pueblo no han querido hacer.

¿Qué se espera entonces en este caso en particular? Tres vías puede adoptar el legislador, la primera que se modifique la Constitución y el Código Civil, adjudicando que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino entre personas; la segunda, la creación de una nueva institución y regulación de ésta, como se ha hecho en el interior del país con las Sociedades de Convivencia; y tercera, no hacer nada y dejar el texto tal y como esta, enviando el mensaje que la ley no es la máxima expresión de regulación en el Estado de Social y Democrático de Derecho, sino que son las sentencias de los órganos Constitucionales y Supra Constitucionales.

Pasará el tiempo y veremos, que es lo que decide hacer el legislador local y los foráneos.